Luego de que la mañana de ayer, el presidente Andres Manuel López Obrador, anunciara el decreto ya estipulado, en el Diario Oficial de la Nación sobre el cual, las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria los siguientes cinco años, ha causado controversia y cuestionamientos en distintos actores de la población, respecto a la capacidad de las fuerzas militares para realizar protocolos de seguridad pública sin violentar los Derechos Humanos de los mexicanos.
Diana Iris García, activista integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), sostuvo que es preocupante las capacidades que dicho Decreto atribuye al Ejército Mexicano y a la Marina, pues considera que es una medida represiva.
“Si bien es cierto que cuando se instaló la Guardia Nacional, que era también con una competencia civil, pero que muchos eran parte de la Policía Federal nos preocupaba porque no estaban capacitados en un enfoque de Derechos Humanos, ahora es más preocupante porque se trata de medidas represivas que no van a hacer más que dar pie a que la violencia crezca y la población lo padezca”. – Diana Iris García, activista integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).
Para la activista, la militarización de la seguridad publica es un suceso alarmante, pues indicó que la formación militar es en cuestión para responder a circunstancias violentas y no para perservar la vida de las personas.
En ese mismo sentido cuestionó bajo que organismos, criterios y estrategias será la subordinación de los militares y cómo estos cuerpos estarán fiscalizados.
A este mismo cuestionamiento se sumó Enrique Martínez, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C., quien externó que “es grave la militarización de las fuerzas armadas es grave”.
“Éste decreto que es un cumplimiento de la Ley de la Guardia Nacional, vemos que surge la militarización de lo que es la seguridad pública, lo cual es sumamente preocupante porque la Seguridad Pública en un primer momento corresponde al orden civil y tienen que haber casos sumamente excepcionales para que puedan encargarse de la seguridad pública las fuerzas militares”. – Enrique Martínez, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
“Llama la atención que este Decreto señala que son principios que se van ejecutar en situaciones extraordinarias, que serán reguladas, que serán fiscalizadas, coordinadas y complementarias, pero que el propio Decreto no establezca a quien va estar subordinado por ejemplo”, concluyó.
INFORMACIÓN: – Vanguardia –
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